El agua es un recurso natural escaso, indispensable para la vida y para el ejercicio de la inmensa mayoría de las actividades económicas; es irremplazable, no ampliable por la mera voluntad del hombre, irregular en su forma de presentarse en el tiempo y en el espacio, fácilmente vulnerable y susceptible de usos sucesivos.
Prólogo de la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de aguas.
En los últimos años han proliferado las declaraciones que reconocen el derecho al agua como un derecho humano que debe ser garantizado por los poderes públicos. La Asamblea General de Naciones Unidas en su Resolución 64/292, de 28 julio 2010, reconoce que el derecho al agua potable y al saneamiento es un derecho humano esencial para el pleno disfrute de la vida y de todos los derechos humanos. En consecuencia, exhorta a los Estados y las organizaciones internacionales a que intensifiquen los esfuerzos por proporcionar a toda la población un acceso económico al agua potable y el saneamiento.
La legislación en España sobre aguas, data del año 1817, más en concreto sobre aguas minerales, de manantiales y uso en balnearios, de este Real Decreto-Ley se producen dos modificaciones, en los años 1834 y 1874, y se redacta el Estatuto de 1928 sobre Explotación de Manantiales de Aguas Mineromedicinales, para terminar en el Real Decreto Legislativo 1/2001 por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas.
A través del siguiente enlace podrás observar el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio.